Los lanzamientos y el rol de la Procura

Los lanzamientos y su incidencia en la actividad judicial –en el contexto de un
trasfondo social caracterizado por la problemática en el acceso a la vivienda y
la endémica falta de vivienda social– a menudo pone a prueba la efectiva
ejecución de los Mandamientos Judiciales que dan lugar a los lanzamientos
judiciales.

Los lanzamientos son el acto de recuperación de la posesión de un inmueble
después de obtener una orden judicial que lo autoriza. Si bien hace unos años
en Barcelona se llevaban a cabo sin tener en cuenta ningún parámetro más,
con los años el factor social ha ido tomando terreno (en 2012 se firmó el Primer
Protocolo sobre Lanzamientos que quería prever su repercusión social) y hasta
hoy, que se ha tomado conciencia que en determinadas ocasiones la pérdida
de la vivienda debe involucrar a profesionales que acompañen a estas familias.

En Barcelona ciudad la protocolización de la ejecución de los lanzamientos ha
mejorado de forma exponencial su eficiencia y este modelo de éxito que se
hace patente en la capital habría que exportarlo al resto de partidos judiciales
para mejorar su gestión y su eficacia.

Todo esto configuró algunos de los ejes de reflexión e intercambio de ideas en
el seno de la ‘Mesa de debate sobre los lanzamientos’ que, en el marco del
Procura Fórum, organizó el Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de
Barcelona (ICPB). Intervinieron la LAJ del SAC civil de Barcelona, Estela
Bergel; la coordinadora de Servei Territorial i Jurídic del Servei d’Intervenció en
la Pèrdua de l’Habitatge i Ocupació (SIPHO), Lina Poblet; y el intendente de los
Mossos d’Esquadra y jefe del Área Básica Policial Ciutat Vella, Víctor Martín.
Moderó la sesión la procuradora de los tribunales y vocal de Comunicación de
la Junta de Gobierno del ICPB, Montse Montal.

En su intervención, Montse Montal puso énfasis en la necesidad que los
profesionales de la procura adopten una “actitud proactiva” a los efectos de
garantizar las necesarias “precisión y claridad” del mandamiento judicial y
también en el momento de delimitar de forma adecuada la preparación y la
viabilidad del conjunto de aspectos prácticos asociados a este tipo de
actuaciones (como por ejemplo, la puerta de acceso que debe permitir el
acceso a la finca del piso objeto de la diligencia) y, sobre todo, “prever todo
aquello que puede suceder”. Así mismo, lamentó la diferencia existente entre la
ciudad de Barcelona y otros partidos judiciales en lo que concierne a los
recursos humanos y materiales disponibles en el contexto de este tipo de
actuaciones: “Que Barcelona sirva de espejo”, remachó Montal.

Por su parte, Estela Bergel criticó la “falta de regulación homogénea de los
lanzamientos”, si bien contrapuso esta circunstancia con el proceso de
“unificación de criterios con los juzgados de 1ª Instancia” que ella misma ha
encabezado desde 2021. También puso en valor el impulso, el mismo año, de
la comisión especial de lanzamientos de Barcelona (CEL), un grupo que
actualmente integran 20 funcionarios judiciales que cuentan con formación
continua jurídica, práctica e incluso emocional adaptada a los requerimientos
específicos de la actividad y que tiene por misión agilizar y coordinar mejor los
lanzamientos judiciales civiles de la mano de servicios sociales y Mossos
d’Esquadra. Bergel explicó que el modelo de CEL Barcelona ha sido
implantado también en Mataró y Badalona y que se prevé que sea adoptado
igualmente en el Vendrell y en otros partidos judiciales. Y puso énfasis en la
necesidad de establecer “criterios homogéneos de actuación de los letrados”
para minimizar las diferencias que existen todavía de un partido judicial a otro.

En cuanto al papel de procuradoras y procuradores, la representante del SAC
abogó porque sean “próximos a nosotros” –“hace falta comunicación”,
expresó– y tildó de “básico” su papel para “dar agilidad” al proceso: “Os
necesitamos”, se refirió al conjunto de profesionales de la procura. También
alentó al colectivo a “reclamar la creación de equipos especializados entre el
cuerpo funcionarial” de justicia. Según Bergel, en 2021 se produjeron 40
lanzamientos diarios en Barcelona, el 52% de los cuáles se pudieron ejecutar.

En su turno de palabra, Lina Poblet delimitó el ámbito de actuación del SIPHO
al “parque privado de vivienda” e indicó que sus funciones se han visto
ampliadas en 2023 en comparación con las que definieron este recurso
municipal (adscrito al Ayuntamiento de Barcelona) en el momento de su
creación, en 2016. Las desgranó: canal de comunicación con los juzgados,
elaboración de informes de vulnerabilidad, atención integral durante el acto de
lanzamiento, activación de emergencia del alojamiento temporal urgente (ATU),
activación de emergencia del servicio de guardamuebles y tratamiento de
datos. Poblet expresó que, en cualquier caso, el SIPHO asume como propia
una “función preventiva” para intentar evitar el lanzamiento, lo que le lleva a
tener establecida una “mesa de diálogo con los grandes tenedores”, a la vez
que mantiene un “diálogo directo” con el CEL Barcelona. La coordinadora del
SIPHO puso en valor el hecho de que, por ejemplo, “Madrid no dispone de un
servicio de nuestras características”.

Finalmente, Víctor Martín situó la actuación de los Mossos d’Esquadra en el
marco de lo que establece la LEC y el Código Penal, “en auxilio de la autoridad
judicial” y siempre desde “criterios de proporcionalidad”. Destacó la
“comunicación continua” mantenida con el SAC y el SIPHO y dijo que “tras
recibir el requerimiento del Servicio de actos de Comunicación y Ejecución Civil
de Barcelona se contacta con el SIPHO para estudiar cada caso particular”. Es
decir, antes de realizar el lanzamiento “hay un trabajo previo detallado, una
planificación” que pretende delimitar las características de la acción a
emprender y establecer qué tipo de actuación puede derivarse por parte de
Mossos d’Esquadra, también en función de si es necesaria o no la presencia de
los equipos de orden público. Martín admitió en cualquier caso que “los
recursos son finitos” en materia de orden público.