DEBATE POLÍTICO: lOS PROCURADORES Y LA JUSTICIA

Cerca de un centenar de procuradores se reunieron ayer por la tarde en el acto que el Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB) y el Consell de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña organizó con los representantes de los partidos políticos para escuchar sus propuestas en el ámbito de la Justicia. El debate político fue presidido por el decano del ICPB y presidente del Consell de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña, Ignacio López, y por el vicedecano del ICPB, Ramon Daví, quien actuó de moderador.

La mesa redonda contó con la participación d’Àlex Sáez (diputado del PSC), Dolors Montserrat (diputada del PP), Mercè Pigem (diputada de CiU), Pere Aragonés (diputado de ERC) y Salvador Milà (diputado de ICV), y se centró en el papel de los Colegios Profesionales y la futura Ley de Servicios Profesionales; la nueva Oficina Judicial, y la Ejecución Civil y el papel del Procurador de los Tribunales.
 

Ignacio López, decano del ICPB y presidente del Consell de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña, dio la bienvenida a todos los asistentes al acto, y agradeció, especialmente, la participación de los cinco representantes políticos, en un momento donde se tienen que abordar importantes cuestiones para el colectivo. El decano destacó que “la Justicia, ante la situación de crisis económica actual, tiene que ser capaz de dar una respuesta rápida a los problemas de la sociedad” y que para conseguirlo los procuradores están dispuestos a participar en este proceso.

El debate empezó con la presentación de los representantes políticos por el vicedecano del ICPB y moderador del acto, Ramon Daví. Daví aprovechó su presentación para reconocer la tarea que los representantes políticos llevan a cabo y agradeció el trato que el procuradores han recibido siempre por parte de los partidos. “Siempre que nos hemos dirigidos a los partidos políticos, hemos recibido un trato exquisito”, dijo.

El papel de los Colegios Profesionales y la futura ley de Servicios Profesionales dieron el pistoletazo de salida al debate. Los partidos políticos coincidieron al criticar la directiva de liberalización de servicios y en la necesidad de mantener la incompatibilidad entre procuradores y abogados. Cómo apuntó la representante de CiU, Mercè Pigem, “lo que no está estropeado, no hay que arreglarlo”, haciendo una clara defensa del papel del procurador. En este punto, Àlex Sáez, del PSC, también quiso destacar que su partido defendiera las peculiaridades de la procura en la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador.

A continuación, los participantes expusieron su opinión respecto a la nueva Oficina Judicial. Ante el colapso de las oficinas judiciales, los diputados del PSC, ERC, ICV y CIU pidieron una nueva Oficina Judicial moderna, del siglo XXI, capaz de dar respuesta a la demanda de justicia de la sociedad. Los cuatro representantes políticos coincidieron a calificar esta cuestión como compleja, puesto que actualmente no se dispone de recursos materiales ni personales suficientes y porque en el territorio conviven diferentes realidades, motivo por el cual piden una descentralización de la justicia. La diputada de CiU, Mercè Pigem, remarcó que el programa de CiU recoge que la Oficina Judicial es capital para la modernización de la justicia, y por eso apuesta por el trabajo conjunto con los diferentes operadores jurídicos y por la implantación del expediente electrónico, entre otros actuaciones. Además, pidió “más competencias para las Comunidades Autónomas” y destacó que “el pacto fiscal es vital para mejorar el funcionamiento del sistema”.

En este punto, Dolors Montserrat, representante del PP, se desmarcó de sus compañeros, afirmando que, hoy en día, la Oficina Judicial no puede ser una realidad, puesto que no hay recursos, y las pruebas piloto – realizadas en Burgos y Murcia- han sido un fracaso. La popular apostó por la revisión de esta ley, a través de la introducción de cambios como la Ley de Demarcación y Planta y los Tribunales de instancia.

La Ejecución Civil y el papel del Procurador de los Tribunales fue el último tema del debate, y todos los partidos políticos coincidieron en la defensa de los diferentes agentes que participan en el proceso de la justicia porque todos son necesarios. Los participantes, además, destacaron que los procuradores podrían asumir más responsabilidad en el ejercicio de su trabajo, especialmente en la ejecución y la notificación.

Pigem lamentó que en el último trámite parlamentario de la Ley de Medidas por la agilización de la Justicia, en que su partido presentó enmiendas por la supresión de los testigos en las diligencias de comunicación llevadas a cabo por los procuradores y, también, para facilitar el acceso en su punto neutro judicial, el PP y el PSOE no las votaran a favor.

Salvador Milà hizo un llamamiento a los asistentes para buscar “nuevos espacios” dentro de su profesión, a dar aquello que nadie más da, a diferenciarse del resto. Según apuntó “nos tenemos que ganar el espacio por el trabajo que hacemos, y no por la ley”. Por su parte, Pere Aragonés, de ERC, pidió la desjudialización de mucho trabajo que se está haciendo a los juzgados y que podrían llevar a cabo los procuradores.

El turno de preguntas se abrió con el mantenimiento de los aranceles de los procuradores y en la imposición de tasas. Sobre la primera cuestión, los representantes políticos se manifestaron a favor de mantener los aranceles, sólo ICV fue más allá, pidiendo que se vaya hacia una flexibilización. Según Milà, ICV cree en los honorarios mínimos y no en un arancel cerrado.

En cuanto a la imposición de tasas, la respuesta fue unánime. Todos los partidos coincidieron a defender la no imposición porque supondría una discriminación respecto a los sectores más desfavorecidos.

La conclusión del acto fué a cargo del decano del ICPB y presidente del Consell de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña, Ignacio López. López manifestó su satisfacción después de escuchar de todos los políticos los suyo compromiso para mantener la incompatibilidad del procurador con la de abogado, a la vez que reconoció que haría falta una revisión del proyecto sobre la oficina judicial y también sobre los aranceles. El decano del ICPB cerró el acto agradeciendo la participación de los asistentes y se ofreció a colaborar con los partidos políticos para mejorar la justicia.